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Denuncias sobre su precariedad y desorden
La documentación administrativa provincial de mediados del siglo XIX, ofrece material más que revelador sobre los serios problemas que rodeaban la asistencia médica en Tucumán por esa época. Por ejemplo, en 1849, Mariano Ibáñez, ayudante de la escolta del Poder Ejecutivo, se dirigía al gobernador Celedonio Gutiérrez para plantearle su caso.
Narraba que “hace ya el espacio de más de un mes y más días que me hallo gravemente enfermo y desahuciado de los facultativos de esta capital”. Agregaba que “por esta razón, Excelentísimo Señor, me vi precisado a llamar en mi auxilio al Señor Boticario Dn. José N (sic), quien me prometió reparar mi salud en el término de un mes, por el precio de 20 pesos plata, precisándome le adelantase 10 pesos, los mismos que, haciendo el último sacrificio, se los proporcioné, y entró en casa conmigo”. Pero “a los tres días sentí que los medicamentos de este Señor agravaban más las causas de mi enfermedad”. Propuso devolverle los remedios restantes y que le reintegrara el dinero, pero el boticario se negó. Así, pedía la intervención del gobernador..
Pocos años después, en 1854, el médico titular, doctor Domingos Navarro, se dirigía al Gobierno solicitando que se confeccionara un reglamento “que regularice la marcha profesional de los individuos a quienes está confiada la salud pública, y deslinde sus atribuciones y sus derechos”. Esto por “el abuso que se hace de la venta de medicamentos por manos inhábiles, la multitud de curanderos, la inhabilidad de las parteras, la falta de deslinde entre las facultades médicas”. Todo esto representaba, decía, “dificultades insuperables, sin un reglamento que, encargando al Médico Titular, como jefe de la facultad, para velar sobre estos ramos, le autorice para proceder como debe en los casos en que la salud pública se interese”.