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Sobre los bienes de conventos y seculares.
En la sesión del 23 de febrero de 1824, la Sala de Representantes de Tucumán, presidida por Pedro Miguel Aráoz, trató un oficio enviado por el gobernador. Considerando apropiado su contenido, resolvió que, ante “la proximidad de un Congreso General” -que nunca se instalaría- resultaba “conveniente y aún necesario tener un estado exacto de los fondos que administran las clases principales de la provincia pertenecientes al público, para instruir los planes que deben ser el objeto de aquella misión”.
En ese sentido, el Ejecutivo debía pasar un oficio a los prelados del clero regular, “para que el término de tres días den razón jurada, exacta, e instruida con las notas de los libros de su administración, de los paramentos y útiles de las iglesias, con la numeración de vasos sagrados, y cuanta plata labrada tengan para el servicio del culto; incluyendo asimismo los censos, hipotecas y créditos activos que reconozcan, con designación de cantidades y sujetos; los bienes muebles y semovientes; como también sus fincas urbanas y rústicas, con la prohibición de enajenar y redimir censos sin previo aviso del Poder Ejecutivo”. En cuanto al clero secular, se pasaría la misma orden “a los curas rectores y rurales, para que evacúen igual diligencia, con respecto a los útiles de las iglesias de sus cargos y sus temporalidades”.
Según el acta del 28, el anciano ex jesuita Diego León de Villafañe, pegó en las esquinas “un líbelo inflamatorio”, donde acusaba a los diputados de “manifestar ideas irreligiosas, por haber decretado la libertad de prensa y por haber ordenado que los religiosos regulares den razón de sus temporalidades”. Se dispuso intimar a Villafañe para que cesara con este tipo de manifestaciones.