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Autorización oficial para ejercer, en 1858
En 1858, don José Posse, el famoso político y periodista amigo de Domingo Faustino Sarmiento, presentó una extensa nota al gobernador de Tucumán, Marcos Paz. Expresaba que desde 1846 había desempeñado diversos cargos en la Administración de Justicia, “unas veces de defensor de Pobres y Menores, otras de Fiscal de Hacienda y en causas criminales”, además de haber sido “conjuez del Superior Tribunal y Juez de Alzadas en cuestiones especiales”. Eso aparte ejercer reiteradamente “la defensa de muchos asuntos civiles y criminales ante los Tribunales de la Provincia”.
Argumentaba que, así, “he estado en posesión de un derecho, el de defender bajo mi nombre ante los Tribunales: derecho que ha sido reconocido por el Gobierno en virtud de los cargos públicos que me ha confiado en distintas épocas”. Ocurría ahora que, como no actuaba en el foro desde hacía cuatro años, “pudiera creerse que he perdido la posesión del derecho de abogar sin licencia especial del Gobierno, porque no tengo los títulos universitarios que exige el Reglamento de Justicia”.
Pero como ese reglamento daba al Ejecutivo la facultad de “habilitar a los ciudadanos legos para defender causas judiciales”, pedía que se le otorgase tal habilitación, “si es que V.E. encuentra meritorios los antecedentes de los servicios que me he permitido poner a su consideración”.
El 4 de junio de 1858, un decreto de Paz y del ministro Prudencio Gramajo, tenía en cuenta todo lo invocado por Posse y, además, la necesidad de “aumentar el número de letrados”. En consecuencia, lo autorizaba “para prestar dictamen público en las causas civiles y comerciales, con el honorario que designe el Arancel General, y que su firma sea respetada en los Tribunales de Justicia, así en defensa propia como en la de particulares”.