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Un problema para las autoridades de Tucumán
Hasta que el general José de San Martín, en 1814, mandó construir la fortificación que el pueblo denominó “Ciudadela” en las afueras de la ciudad, el alojamiento de los soldados constituía un verdadero problema para las autoridades patriotas de Tucumán. En 1812, la Junta Subordinada local -que integraban el doctor Domingo García, Francisco Villafañe y Francisco de Ugarte-, en una nota remitida al poder central, se detenía en el asunto. Expresaba que “es de necesidad absoluta la construcción de un cuartel en esta ciudad para que se aloje su precisa guarnición, las tropas que pasan y se aseguren allí los desertores”.
Añadía que “las casas particulares no son a propósito para estos objetos; no se encuentran adecuadas, y en ellas hacen los soldados desmedidos perjuicios que deben repararse en justicia, y salen carísimos”.
La comunidad de los Padres Franciscanos, informaba, “ha franqueado generosamente un cuadro de terreno distante de la plaza media cuadra, con varias piezas de cal y piedra que sólo necesitan techo y puertas”. Aseguraba que construirlos, “costará un par de mil pesos, poco más”.
A su criterio, el edificio ofrecido podía “servir propiamente para poner en él la fábrica de fusiles, cuando no sea necesario el cuartel, porque tiene un salón ancho de 30 varas de largo, cuartos para almacenes y mejores proporciones que la casa alquilada en que actualmente se halla dicha fábrica”.
Opinaba que “en breve tiempo, puede devengarse su costo con el ahorro de alquileres, y puede hacerse todo sin echar mano de los fondos ordinarios”. El poder central, pocos días después, aprobó la medida solicitada, de “recomponer los edificios arrumbados”.