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El Congreso dispuso que se viniera a Tucumán.
En la sesión del 19 de agosto de 1816 del Soberano Congreso, se trataron los gastos hechos por el gobierno para conjurar los sucesos de La Rioja. Pedro Ignacio de Castro Barros propuso que esos gastos no fueran afrontados con los fondos públicos, sino que se abonasen “a costa de los culpados, cualesquiera que resultasen tales”.
Luego se consideró el problema del obispo de Salta, doctor Nicolás Videla del Pino. Pidió el diputado Sánchez de Bustamante, que se le permitiera volver a su diócesis, por estar comprendido en la amnistía general de la última Asamblea. La moción fue apoyada por varios diputados. Pedro Miguel Aráoz recalcó que el juicio que se le había seguido lo perjudicaba, al presentarlo como “enemigo del país”, y pedía por eso que se declarase la causa “desierta y desamparada, en virtud de la amnistía general”.
Juan José Passo opinaba que, si llegara el caso de faltar obispo en las Provincias Unidas, “y se allanara el enemigo a franquearnos uno, debíamos admitirlo, aunque fuese opuesto a nuestro actual sistema, tomando todas las precauciones para que no nos dañase con su influjo”. Lo apoyó Castro Barros, indicando también que el obispo de Salta estaba a favor de la causa, ya que había reconocido a la Primera Junta y a la Asamblea Constituyente.
Debatido todo lo expuesto, dice “El Redactor”, se resolvió que el Obispo de Salta “se venga a esta ciudad de Tucumán, y se avise esta resolución al Supremo Director del Estado, con expresión de las causas que la motivaron, para que informe si hay alguna más poderosa que pueda impedir su efecto”.