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Medidas para solucionar su complicado caso
La sesión congresal del 17 de agosto de 1816, estuvo ocupada, casi en su totalidad, por un largo debate del que participaron todos los diputados, respecto del problema del Obispo de Córdoba, Rodrigo Antonio de Orellana. Como se sabe, este prelado estaba sancionado desde 1810, por haber participado en la contrarrevolución de Córdoba. Pero su temperamento batallador lo llevó a envolverse en varios incidentes, tras de los cuales el Directorio lo confinó en el Convento de San Lorenzo. Incluso se lo privó de su ciudadanía.
En la sesión del 17, la comisión (Aráoz, Sáenz y Gazcón) aconsejaba dejar firme la elección del doctor Benito Lazcano como Vicario Capitular, hecha por el Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Y proponía que se pidiese a Orellana, que suspendiera todos los “anatemas y censuras” que había lanzado contra su diócesis en noviembre y diciembre del año anterior, y absolviera a los afectados.
Esteban Gazcón agregó que se rogase también al obispo que delegara, en Lazcano, “las facultades necesarias para su Iglesia”, hasta tanto el Congreso resolviera el tema principal. Proponía asimismo que se ordenara a Orellana, jurar y reconocer al Congreso y a la Independencia, y encargar a Lazcano que lo entrevistase “para remediar cualquier nulidad o vicio en la reciente provisión de curatos”.
Finalmente, se acordó adherir al dictamen de la comisión, con los agregados de Gazcón. Se citaría a Orellana cuando hubiese fallo y, entretanto, se le acordaba “la tercera parte de sus rentas, siempre que reconozca la autoridad del Congreso y jure la Independencia del país”.