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El Congreso encargó al Director una decisión
El 8 de agosto de 1816, no se realizó sesión del Soberano Congreso. Sí la hubo el día anterior, fecha en que el general Manuel Belgrano, en Trancas, se hizo cargo de la jefatura del Ejército del Norte, que le transfirió el general José Rondeau.
En la referida sesión, se trató la posibilidad de que viniera a Tucumán el obispo de Salta, monseñor Nicolás Videla del Pino, como lo habían peticionado los diputados Mariano Boedo y Esteban Gazcón. Les parecía importante “la residencia de este prelado en algunos de los pueblos de su diócesis, donde pudiese ocurrir a las muchas y graves obligaciones de su iglesia”. Especialmente, ordenar sacerdotes, “de lo que había alguna escasez”; consagrar óleos, “que faltaban ya para la administración de sacramentos”, y administrar confirmaciones.
No era obstáculo, para esto, la conducta “sospechosa” del prelado respecto a la causa revolucionaria, ya que la residencia permitiría “observarla más de cerca”. Boedo dijo que el obispo no estaba enjuiciado en causa alguna, y que por lo tanto se lo debía dejar en libertad para restituirse a su diócesis.
Pero, dice “El Redactor”, un diputado advirtió “que la absolución de la confinación del Señor Obispo había sido obra del Ayuntamiento de Buenos Aires, sin conocimiento de causa”. Siguió un vivo debate, durante el cual “se produjeron dictámenes en pro y en contra”. A la hora de votar, se resolvió por mayoría encargar al Director Supremo “que cuanto antes concluyese la causa del reverendo obispo”, y que “se le avisase de la resolución por secretaría”.