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Las severas penas por promover la discordia.
El diputado Juan José Passo había redactado el manifiesto que debía dirigir el Congreso a los pueblos. En la sesión del 3 de agosto de 1816, la comisión que lo examinó dijo que no existía dificultad para aprobarlo, “no obstante un leve reparo, que dio motivo a una corta discusión”. Se lo sancionó por unanimidad.
Asimismo, fue aprobado un decreto que disponía tener como “enemigos del Estado y perturbadores del orden y tranquilidad pública”, y castigarlos “con todo el rigor de las penas, hasta la de muerte y expatriación”, a quienes “promovieren la insurrección; o atentaren contra esta autoridad y las demás constituidas, o que se constituyeren, en los pueblos”. También, “a los que de igual modo promovieren u obraren la discordia de unos pueblos a otros, y los que auxiliaren o dieren cooperación o favor”.
Añadía el decreto que “no hay clase ni persona residente en el territorio del Estado, exenta de la observancia y comprensión de este decreto”, y “ninguna causa podrá exculpar su infracción”. Se decidía, finalmente, que “queda libre y expedito el derecho de petición, no clamorosa ni tumultuaria, a las autoridades y al Congreso, por medio de sus representantes”.
Se leyó un oficio del general Manuel Belgrano, donde (a propósito de la causa formada al capitán Mariano García) preguntaba si estaban restablecidos los antiguos consejos de guerra, o si los reemplazaba la comisión militar aprobada por el Gobierno y ratificada por el Estatuto. Se dispuso contestarle que esa comisión debía continuar en el ejercicio de sus funciones.