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Las enérgicas medidas del Cabildo de Tucumán.
En las primeras décadas del siglo XIX, las autoridades de San Miguel de Tucumán no tenían demasiadas contemplaciones con la gente sin oficio. El 21 de noviembre de 1823, el Cabildo consideró que “no han tenido cumplimiento los acuerdos y bandos publicados sobre el importante punto de dar ocupación honesta a los vagos y mal entretenidos que infectan el pueblo” y que “causan las funestas consecuencias que en todo tiempo se ha procurado evitar”.
Los juzgados y vecinos habían pedido que “por medio de una partida celadora”, se capture a “todos aquellos que se encuentren sin oficio ni beneficio”. Expresaban que “la agricultura de las quintas inmediatas y los edificios que se fabrican, carecen absolutamente de brazos obreros”, sin que se los pueda conseguir “a pesar de la paga que se les promete”. Y que, además, se sufren “varios robos”.
Se resolvió que los capturados por las partidas, “una vez reunidos en la cárcel, se distribuyan a los patrones que los solicitan actualmente”. Se les debía proporcionar “sus respectivas papeletas”, a fin de que “el vago que no manifieste la suya, en cualquier parte donde sea encontrado, sea preso y entregado a un patrón que se encargue de tenerlo acomodado con buena paga en su respectiva labor”.
Siete días más tarde, el Cabildo recibió un oficio del gobernador, que agregaba, a las citadas providencias, “diversos puntos conexos y concernientes al mismo objeto, e igualmente interesantes al ramo de policía”, expresaba el acta.