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El golpe militar que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en 1955, curiosamente no alteró la vida de la provincia. Sólo se registró algún incidente sin importancia.
Hace ya muchos años, el desaparecido vespertino “La Tarde” me encargó una serie de 30 notas sobre la caída del gobierno del general Juan Domingo Perón, en 1955. Esto me llevó a investigar qué ocurría en Tucumán mientras se desarrollaba, con centro en Córdoba, el trascendental acontecimiento. Y me sorprendió la calma con que transcurrieron aquí los días de la revolución: es decir, desde el 16 de setiembre, fecha del estallido, hasta el éxodo de Perón (día 20) y la asunción de la presidencia (día 23) por el jefe revolucionario, general Eduardo Lonardi.
No deja de llamar la atención esa tranquilidad, cuando se piensa en la enorme mayoría que el peronismo tenía en la provincia. En las últimas elecciones de gobernador, su candidato, Luis Cruz, había obtenido 201.036 votos, contra los 77.902 de la Unión Cívica Radical. Pero no hubo en Tucumán protesta pública alguna por el derrocamiento.
Panfletos y un busto
Desde el 4 de marzo de 1955, Tucumán estaba intervenida, por un decreto del Ejecutivo Nacional de difusos fundamentos. Al gobernador Cruz lo había sustituido el comisionado José Humberto Martiarena. Como se sabe, sobre fines de agosto y a muchos kilómetros de distancia, empezaba ya a tomar cuerpo la conspiración, iniciada en los altos mandos de la Marina, que iba a derrocar al presidente Perón,
A pesar de la férrea censura de prensa, se filtraban algunas noticias, intrascendentes pero reveladoras. Por ejemplo, el 1 de setiembre se detuvo al estudiante Juan Carlos Knipp por arrojar panfletos contra el gobierno -provistos por el párroco de San Pablo- en la zona de El Manantial. Y el 3, se supo que el busto de Eva Perón del patio del Rectorado de la UNT había sido embadurnado por “manos anónimas”, lo que suscitó repudios y actos de desagravio del partido oficial.
En San Francisco
Se sabía la existencia de reuniones secretas de antiperonistas en las iglesias. A alguna, en cierto modo, la pudo registrar la prensa. El día 6, poco más de 100 personas se congregaron en el salón de actos del convento de San Francisco para asistir a la proyección del film “El Alcázar de Toledo”. Los agentes cortaron el tránsito y un comisario invitó a toda la concurrencia a trasladarse a la vecina Casa de Gobierno (en cuyo subsuelo funcionaba entonces la Policía) para identificarse y testimoniar los motivos de la reunión.
A los pocos minutos los dejaron ir. Interrogado el guardián franciscano, fray Cecilio Heredia, declaró inocentemente que el único objeto era la proyección de la película y la venta de rifas para una enciclopedia en doce tomos. La cosa quedó allí, aunque era ‘vox populi’ que todos los congregados eran antiperonistas, ansiosos por intercambiar información y acaso organizarse. Inclusive, se rumoreaba que entre los asistentes, disfrazado de fraile, estaba nada menos que el general golpista Dalmiro Videla Balaguer.
Miedo en los católicos
El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras condenó drásticamente el procedimiento en un comunicado. Lo consideraba “un acto de violencia” que sólo sirve “para sembrar el divisionismo en la gran familia argentina”.
Y las reuniones clandestinas antiperonistas se siguieron realizando. Dado el conflicto de Perón con la Iglesia, se temían los ataques a los templos. Por esa razón había quienes se instalaban en ellos, por las noches, para defenderlos. Rumores de toda clase habían ganado la calle. Se decía que iban a clausurarse los establecimientos religiosos. Narraba el padre Julio Heilbron, del Colegio Sangrado Corazón, que a cada rato le llegaban avisos de un inminente allanamiento al edificio de 25 de Mayo y Marcos Paz.
Las reuniones secretas eran de civiles, pero a algunas asistían oficiales antiperonistas.
Comandos civiles
Eran los tenientes coroneles Enrique Rauch y Jorge Alvarado, el mayor Juan Eduardo “Bocha” Uriburu (jefe del Distrito Militar 56, de Concepción) o el capitán Alberto Attías. Esto según las declaraciones que recogí de don Pedro Soaje, para armar mis notas en “La Tarde”.
Me contó que existía un “comando civil revolucionario”, que funcionaba en su casa de Laprida 646, “y también en un negocio de Laprida segunda cuadra”. Otros grupos civiles, sin conexión con ellos, tenían su centro en domicilios de 9 de Julio al 100 y de 24 de Septiembre al 600. Según Soaje, había un grupo más, donde actuaba Pío Moreno Campos, que custodiaba San Francisco.
Uriburu y Alvarado eran los oficiales conectados con el grupo de Soaje; grupo que dirigían este, Agustín Hervás y Luis Sastre. Querían conseguir armas, pero no pudieron. Incluso fracasó la compra que iban a concretar con un militar de Salta. Asegura Soaje que contaban con grupos distribuidos en toda la provincia. “Algunos párrocos nos colaboraban y recuerdo que a veces el mensaje iba en las campanadas”.
Estallido del 16
El 16 estalló la revolución en Córdoba. Según el periodista Julio Aldonate, de LA GACETA, pronto la Casa de Gobierno se llenó de funcionarios de la intervención Martiarena y de dirigentes peronistas, en busca de noticias sobre lo que pasaba. Entre ellos se veía, por ejemplo, al flamante interventor del Partido, diputado nacional Eduardo Julio Forteza; al delegado del Consejo Superior, Guillermo Manzione y a los dirigentes cegetistas Roberto Córdoba y Juan Nicolás Blasetti.
A puertas cerradas conversaron largo con el interventor, y luego se retiraron con cierta premura. Narra Aldonate que Martiarena iba y venía nerviosamente desde su despacho hasta la radio, una vieja RCA Victor colocada en una mesa de la Secretaría General. Escaso servicio les prestaba. El locutor oficial no hacía más que restar importancia a las operaciones revolucionarias de Córdoba, afirmando que allí se estaban realizando “operaciones de limpieza”. Lo curioso era que Martiarena acribillaba a preguntas a Aldonate, quien le respondía: “sólo sé lo que transmite la radio”.
Soldados a Córdoba
Un incidente aislado hubo en Muñecas y Corrientes. Un grupo de estudiantes antiperonistas se puso eufórico cuando la radio revolucionaria empezó a transmitir. La euforia molestó a la rama femenina del partido oficial, que tenía su sede en las inmediaciones. Llamaron a la Policía, que detuvo a los jóvenes en la Comisaría Tercera. Los abogados radicales Hugo Fabio y Argentino Alonso lograron liberarlos.
El 17, y después de un par de días de acuartelamiento en el Comando (24 de Septiembre al 800) partieron en dirección a Córdoba las dos unidades militares de Tucumán: el Regimiento 19 de Infantería y el Batallón 5 de Comunicaciones.
El comando de la V Región estaba a cargo del coronel Miguel Capuano, porque su titular, general Pedro Iriberri, había partido a Buenos Aires. Quedaron en el Comando muy pocos soldados. De tanto en tanto, en camiones, hacían un recorrido por las calles del centro.
“Intimaciones”
Aprovechando la ausencia de los regimientos, Soaje y Mario Buch se atrevieron a dejar, en la guardia de la Casa de Gobierno, una nota que intimaba a rendirse al interventor Martiarena. “Todo era una locura y un disparate”, evocaría Soaje. Luego se dirigieron al Comando, donde los recibió el coronel Capuano. Después de escucharlos, Capuano les dijo que, si no fuera que estaban en tregua, los detendría para aplicarles las penas del caso. Y les ordenó retirarse de inmediato.
Se supo también que el mayor Uriburu había abandonado su jefatura del Distrito 56 de Concepción y que, con algunos soldados que logró sublevar, se dirigía en cuatro autos particulares a Córdoba, tras haber saboteado las comunicaciones.
El 20 se produjo la caída y exilio del presidente Perón. Al día siguiente, 21, desde Jujuy llegaron a Tucumán tropas leales al derrocado presidente. Eran el Batallón Monte Escuela, de Tartagal, al mando del teniente coronel Horacio Zenarruza, y la Agrupación de Ingenieros Jujuy, bajo las órdenes del teniente coronel Manuel Tagino.
Toque de queda
Zenarruza y Tagino obedecían instrucciones del comandante militar de Zona Norte, coronel Jorge Rosales. Este las había impartido luego de conocer los resultados de las negociaciones entre la Junta Militar y los revolucionarios, y “para evitar la inminente anarquía”.
Zenarruza sustituyó de inmediato al interventor Martiarena e implantó en Tucumán el estado de sitio y el toque de queda. Gran alivio fue, para muchas familias, el hecho de que el 22 regresara de Córdoba el Batallón 5 de Comunicaciones. Y en la jornada siguiente, retornó el Regimiento 19 de Infantería. Ambas unidades no habían tenido, felizmente, ocasión de combatir.
Como se sabe, el general Eduardo Lonardi asumió la presidencia de la República al día 23. El público de Tucumán se concentró en multitud en la plaza Independencia para escuchar, por altavoces, la transmisión de la ceremonia de la Casa Rosada. En su transcurso se registró cierto incidente entre partidarios de la revolución y militantes de la Confederación Gremial Universitaria (CGU), que tenía su local en Laprida 135. Se repartieron pedradas y puñetazos, con un saldo de varios detenidos.
Nuevas autoridades
El 24, el teniente coronel Zenarruza fue reemplazado por el jefe de la guarnición, teniente coronel Jorge Mario Moretti, quien acababa de regresar de Córdoba. Al día siguiente, una falsa alarma conmocionó el centro. Fuerzas del Ejército y la Policía allanaron la imprenta de la UNT, en 25 de Mayo al 200, donde se decía que se habían guardado armas. Pero no hallaron nada, tras prolija búsqueda.
De allí en adelante, la vida de Tucumán -que en realidad nunca se había alterado- se normalizó completamente. El 4 de octubre, designado por el presidente Lonardi, asumirá la intervención federal de la provincia el coronel retirado Antonio Vieyra Spangenberg, quien permanecería en el cargo hasta abril de 1957.