Cien años del Archivo Histórico

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Va corriendo un siglo desde que se creó el Archivo Histórico de la Provincia. Le dio origen la ley promulgada el 2 de junio de 1912, por la cual se fundaba la Universidad -provincial por entonces- de Tucumán. Esa norma, al enumerar los organismos que se incorporarían a la nueva casa (el Museo, el Laboratorio de Bacteriología, la Oficina Química y la Estación Experimental), disponía: “Será instituto anexo de la Universidad, el Archivo Histórico que se formará con todos los documentos existentes en la provincia, de fecha anterior a 1750, y el administrativo hasta 1852”.

Respetados papeles
La guarda de la documentación pública tiene remotos antecedentes. Los conquistadores españoles, aunque escasamente diestros para escribir, tenían sagrado respeto por los papeles. Cuando se trasladó San Miguel de Tucumán a su ubicación actual, en 1685, se cargó solemnemente en una carreta “la caja del archivo de los papeles de esta ciudad y su Cabildo”. Agrega el acta, del 24 de septiembre, que estaba “liada con un lazo de cuero fresco” y cerrada con tres llaves, que se distribuyeron entre el Justicia Mayor, el Alférez Real y el Alcalde de Primer Voto.

Según la tradición, esa “caja” sería el armario que hoy conserva en su salón de actos la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y que fue donado al Estado en abril de 1916, por don Pedro G. Sal.

Las posteriores actas del Cabildo mencionan, de vez en cuando, el archivo. Consta por ejemplo que, en 1708, se resolvió construir una nueva caja con ese destino. O que en 1724 se requerían candados para “la caja capitular y los tres cajones de los archivos mayor y ordinario”. Se quería evitar así sustracciones, “como ha ocurrido en tiempos pasados”, que suscitaron la pérdida “de muchos derechos de parte”, además de que “se intrincaban pleitos”.

Son del Estado
Los años fueron pasando. Vinieron sucesivamente la Independencia con sus batallas, las Guerras Civiles, la Organización Nacional. La cantidad de papeles oficiales iba creciendo, tanto los que generaba la administración pública como los que provenían de la Legislatura, del Poder Judicial y de los escribanos. Cada dependencia del Estado (todas estaban alojadas en el Cabildo) guardaba la papelería que producía. En cuando a los protocolos notariales, estaban en poder de los escribanos.

En 1889, el gobernador Lídoro J. Quinteros decidió poner orden en el asunto. Proyectó y obtuvo la ley -que se promulgaría recién en 1892- que creaba un “Archivo General de la Provincia”, para que allí “se guarden y conserven los expedientes provenientes de los Tribunales, registros de los escribanos y los documentos de la administración”. En el mensaje, asentaba el principio de que “por su naturaleza, estos documentos son públicos, y en todo tiempo su conservación, como su arreglo, se han confiado a la custodia de la autoridad”. Con el mismo criterio, Quinteros hizo sancionar en 1888, la ley que expropió “las escribanías, registros y archivos de propiedad particular existentes en la provincia”.

En los comienzos
Según Julio P. Avila, hasta entonces no existía propiamente un archivo, sino “montones de papeles viejos: cada oficina cuidaba los que le pertenecían, pero sin arreglo de ningún género”. El primer historiador que se aventuró en ese desorden fue Paul Groussac, en 1880, investigando para su célebre “Ensayo histórico sobre el Tucumán”, que abre la “Memoria descriptiva” editada en 1882.

El Archivo General poco a poco comenzó a organizarse. Cuenta Ernesto Padilla que el gobernador Benjamín Aráoz, caminando un día por el piso alto del Cabildo, vio que una persona cargaba uno de los primeros libros de actas del Ayuntamiento. Se lo arrebató y lo mandó a guardar en el Archivo. Uno de los primeros directores, don Guillermo Aráoz, tuvo la brillante idea de hacer confeccionar unas cajas de grueso latón para guardar los expedientes. Se hallan en perfecto estado y sirven hasta hoy. En el lomo, puede leerse la etiqueta original:

Cajas idea de don Guillermo Aráoz, Gefe del Archivo. 1900.

En cuanto al trabajo interno inicial, el segundo jefe del Archivo, don Samuel Díaz, copió laboriosamente a mano el total de las actas del Cabildo que se poseían, y que iban desde 1680 hasta 1824. El ímprobo trabajo lo ocupó de 1906 a 1909, y se puede consultar hoy en 14 volúmenes encuadernados de unos 500 folios cada uno. En cuanto a la documentación administrativa y contable, se hizo encuadernar con todo cuidado, en tomos de fuerte lomo de cuero y letras doradas, lo que la preservó de deterioros y de sustracciones.

Archivos y Museo
El Archivo funcionaba, en la década de su fundación, en Rivadavia 153, bajo la dirección de Aráoz. Este seguía en el cargo en 1910, cuando se lo trasladó a Las Piedras y Congreso. Allí estuvo hasta que el gobernador Ernesto Padilla hizo edificar, en 24 de Septiembre 871, un edificio de dos plantas, destinado a cobijar “el Museo y Archivo de la Provincia”. Este museo había sido creado en 1908: se llamaba “de Productos Naturales y Artificiales”. En enero de 1916 se trasladó allí el Archivo General y meses después se inauguraron dos “secciones” del museo: la de Bellas Artes y la Etnográfica y Paleontológica.

Pero, como vimos al comienzo, según la ley de 1912 correspondía desgajar una parte del Archivo General para constituir el Archivo Histórico, y desde 1913 Ricardo Jaimes Freyre estaba encargado de su organización y arreglo. En julio de 1916, Padilla anunciaba como “muy próximo a constituirse”, en el edificio de calle 24 de Septiembre, el “Archivo Histórico de Tucumán”, que sería “un complemento que va a asentarse sobre el Archivo (General) de la Provincia, que ocupa la planta baja”.

Así ocurrió. En cuanto a los museos, pocos años después cambiaron de sede, y ambos archivos, tras una remodelación de la planta alta, ocuparon la totalidad del edificio.

Una placa clásica
Al habilitarlo en 1915, Padilla descubrió una gran placa de mármol, cuya elegante leyenda latina (con palabras separadas por puntos, la “u” escrita como “v”, y abreviaturas al estilo clásico) confeccionó Clemente Onelli. En ella se leía:

Hic invisere licet-in tabvlariis-rervm gestarvm monvmenta-in mvseo- temporis acti reliqvias- Patriae decvs imperitvrvm-qvae-svb vno tecto composita- Prov. Tvcvmana. E. Padilla. Cos.- benemerenti dignissimae vrbi- Tvcvmanorvm capiti dicavit-annivers. CIII a victoria septbr.- primo ann. saecvlari adventante-A.D. MCMXVI.

Lo que traducido y sin abreviaturas, quiere decir: “Aquí se puede ver-en los Archivos- los testimonios de los hechos cumplidos-en el Museo-las reliquias del pasado-ornamento imperecedero de la Patria-que- reunidos bajo un solo techo- la Provincia de Tucumán-en el gobierno de E. Padilla-a la benemérita y muy digna-ciudad de Tucumán dedicó-en el aniversario 103 de la victoria de Septiembre-próximo a llegar el primer año secular-Año del Señor 1916”. La lápida fue trasladada a la sede actual del Archivo Histórico en 2001 y colocada destacadamente en su “hall” de ingreso.

La Junta
En 1935, al fijarse los institutos integrantes de la Universidad (nacionalizada desde 1921), el Archivo Histórico volvió a la jurisdicción de la Provincia. Ese año, un decreto del gobernador Miguel Campero lo puso bajo el mando de una “Junta Conservadora”, de cinco miembros “ad honorem”: Alberto Rougés, Manuel Lizondo Borda, Juan Alfonso Carrizo, Francisco E. Padilla y Emilio Catalán.

Hacia 1960, el sistema de la Junta quedó sin efecto, y se convirtió en una dirección centralizada, bajo la conducción del destacado historiador Lizondo Borda. En 1985, el gobernador Fernando Riera, en decreto firmado con el ministro José A. Cúneo Vergés, dispuso que sería sede del Archivo Histórico el edificio fiscal de 25 de Mayo 587. Era una medida imprescindible, ya que en el piso alto de la calle 24 de Septiembre, la repartición sólo contaba con dos habitaciones para depósito de sus documentos.

La medida tardó en cumplirse, primero por demoras en los arreglos, y luego porque la administración Bussi resolvió usar el local para otros organismos, además de fusionar los dos archivos en una “Dirección del Archivo General e Histórico de la Provincia”. Esto duró de 1996 a 1999, año en que se volvió al sistema anterior de separación de ambos organismos.

La sede propia
El Archivo Histórico recién pudo instalarse en la 25 de Mayo 587 el 19 de julio de 2001, bajo la administración de Julio Miranda y por gestión de la secretaria de Estado de Gobierno, doctora Malvina Seguí. Allí funciona desde entonces.

Es uno de los repositorios más importantes del interior del país, por su patrimonio y por sus ediciones. Guarda encuadernada, además de las actas del Cabildo, toda la documentación administrativa y contable de la Provincia desde 1680 hasta comienzos del siglo XX, en los fondos Gobierno y Hacienda. Dentro del mismo período, su fondo Judicial conserva los expedientes civiles y criminales, y el fondo Protocolo, la documentación de los escribanos.

Posee asimismo el fondo Archivo de la Legislatura, que abarca de 1833 hasta 1885.

Igualmente, tiene importantes colecciones documentales donadas, como los 8 volúmenes de correspondencia del general Anselmo Rojo, o las 69 carpetas del archivo Ernesto Padilla, o los 4 tomos encuadernados de fotocopias del archivo Próspero García, por ejemplo. Conserva también la colección encuadernada del vespertino “El Orden”, desde 1883 hasta 1943, y una biblioteca especializada en historia. Esto, para citar algunas de las piezas más importantes de un valiosísimo patrimonio, cuya consulta se facilita por medio de índices y catálogos.

Además, el Archivo viene editando en libros, desde muchos años atrás, selecciones de sus documentos, así como trabajos de investigación histórica.