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Pena de muerte que conmutó el gobernador
El 2 de abril de 1911, tres hombres de 25 años asaltaron la boletería de la estación Sunchales, frente a la plaza Alberdi. Mataron a tiros a los empleados Juan Scaroni y Martín Arismendi Reyna y se llevaron la caja. No sabían que contenía una suma ínfima: apenas 15 pesos con 82 centavos, porque minutos antes el grueso se había enviado al banco.
La Policía, en coordinación con las de Santa Fe y Santiago, los capturó rápido. Rusos y anarquistas, Nicolás Borovenko, Samuel Korchovoy y Pablo Ermew apenas balbuceaban el castellano. Confesaron el crimen y el juez Ángel M. Murga los condenó a muerte el 10 de setiembre de 1912. La Corte Suprema confirmó el fallo, con el voto disidente del doctor Miguel Viaña y fue rechazado el pedido de conmutación que presentaron los defensores.
Como desde 1874 no se dictaba una sentencia capital en Tucumán, el caso tenía en vilo a la gente. Pero el 14 de marzo de 1913, día fijado para el fusilamiento, el gobernador, doctor José Frías Silva, dispuso por decreto conmutar la pena “por el máximo de la pena inferior, con todas sus accesorias”.
Frías Silva consideró que había que poner en la balanza la falta de prueba directa, el voto en disidencia, la confesión que podía revelar arrepentimiento, la juventud de los condenados y la irreparabilidad de la pena de muerte. Expresó que quitar la vida requería “circunstancias muy graves y especiales”, que sean “bastantes para vencer esa tendencia natural que nos lleva a perdonar cuando podemos hacerlo y de lo que nunca nos arrepentiremos, y no a castigar irreparablemente, con arrepentimiento tardío e inútil”.