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Una propuesta para no gravar la molienda
En 1922, gobernaba en Tucumán don Octaviano Vera. Una de sus medidas para enjugar el déficit del presupuesto fue imponer un gravamen al azúcar. Ese recurso, que le acarrearía graves problemas, se adoptó luego de reuniones con los industriales quienes, lógicamente, estaban en desacuerdo.
El doctor Alberto Rougés, de la firma propietaria del ingenio Santa Rosa, escribió, el 15 de noviembre de ese año, una carta sobre el tema al ex gobernador Ernesto Padilla. “Mi opinión personal -decía- es que el remedio de esta situación es el impuesto a la renta, en vez del impuesto al azúcar. Tendrá él la ventaja de que se mida con la misma vara al industrial que al tenedor de cédulas hipotecarias, que al prestamista sobre hipotecas, etcétera”.
Opinaba que dicho gravamen sería mejor para el futuro de la industria, “pues esta pagaría en proporción de su renta; de tal manera que, en los años de crisis, la carga se reduciría, al paso que el impuesto al azúcar sigue siendo el mismo, por más que el precio de ésta se venga al suelo”.
Además, consideraba Rougés, “el impuesto a la renta contribuiría a destruir la fábula de las ganancias extraordinarias, que perjudica a la industria fuera de la provincia y que introduce dentro de ella un mal fermento, que mantiene viva la protesta de obreros y cañeros contra los industriales. La ley de expropiación de azúcar que patrocinó Yrigoyen, suscitó tal vez más protesta en ésa (Buenos Aires) que aquí”.
Rougés encontraba peligroso todo esto, porque tendría, entre sus efectos, un aumento en el precio de costo del azúcar justo “en momentos en que la más elemental previsión debiera llevar a reducirlo”.