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Las desinteligencias con el comisionado federal en Tucumán desencadenaron la renuncia del ministro del Interior, en 1923.
A lo largo de su historia, Tucumán fue intervenida varias veces por el Poder Ejecutivo Nacional. Un caso que ocurrió en 1923, cuando presidía la República el doctor Marcelo T. de Alvear, merece narrarse, por sus características y por sus consecuencias. Los protagonistas fueron el interventor federal, doctor Luis Roque Gondra, y el ministro del Interior, doctor José Nicolás Matienzo. El asunto llegó a ocupar las primeras planas de la prensa nacional.
La intervención se había dispuesto por la ley 11.261, que promulgó el 27 de octubre de 1923 el presidente Alvear. Quedaba así desalojado del gobierno de Tucumán el procurador Octaviano Vera. Su mandato había sido tan difícil como breve: apenas un año y ocho meses. Lo jaquearon los problemas con la Legislatura y las grandes huelgas azucareras, sobre el trasfondo de la oposición que desencadenaron las leyes de impuesto a la molienda, salario mínimo y jornada máxima, normas que el Ejecutivo proyectó e hizo sancionar en borrascosas sesiones. Finalmente, su partido le había vuelto las espaldas, facilitando la iniciación del juicio político. Vera replicó cerrando la Legislatura, medida que suscitó la intervención federal.
No al interino
El 6 de noviembre de 1923, asumía como interventor federal en Tucumán el doctor Luis Roque Gondra. Era un abogado de 42 años, con una importante carrera docente, primero en institutos secundarios y luego en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Había publicdo varios libros sobre Economía Política. Lo acompañaban, como ministro de Gobierno, el doctor Nicolás González Iramain, y como ministro de Hacienda, el ingeniero Isaías Ramos Mejía. Sus instrucciones eran declarar caducos el Ejecutivo y la Legislatura de la Provincia y llamar a elecciones.
Cuatro días después de asumir, Gondra resolvió viajar a Buenos Aires, y dejó como interventor “interino” al ministro González Iramain. Este informó de su designación al ministro del Interior, por telegrama. La respuesta lo dejó helado. “El comisionado nacional carece de facultades para delegar la intervención; sólo el presidente de la Nación nombra comisionados del gobierno federal. Sírvase pues abstenerse de ejecutar la delegación que me comunica”, contestaba secamente Matienzo.
El ministro Matienzo
La postura creaba, obviamente, un conflicto entre el comisionado y el ministro Matienzo. Este último, tucumano, a los 63 años ostentaba un vasto prestigio de jurisconsulto. Entre sus muchos libros, “El gobierno representativo federal en la República Argentina”, de 1910, era un verdadero clásico. Había sido ministro de la Suprema Corte bonaerense, Procurador General de la Nación, senador a la Legislatura, catedrático de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata y presidente del Departamento Nacional de Trabajo, entre otras dignidades. Matienzo era famoso por su carácter fuerte y por la libertad con que expresaba sus opiniones. La áspera respuesta a González Iramain constituía una muestra más que ilustrativa
La cuestión con el interventor de Tucumán movilizó a todos los diarios. El presidente Alvear, entonces, convocó a una reunión (12 de noviembre) con Gondra y Matienzo. Todo pareció quedar arreglado.
Bandera a media asta
Pero ese día, se quitó la vida el ex ministro de Hacienda, Domingo Salaberry, y el presidente decretó duelo nacional. De acuerdo a la medida, al día siguiente Matienzo envió un telegrama a Tucumán, dirigido al “comisionado nacional” (sin darle nombre), diciéndole que debía poner a media asta la bandera, como en todo el país. Gondra se encontraba todavía en Buenos Aires. El ministro de la intervención, González Iramain, telegrafió su respuesta a Matienzo.
Le decía que, luego de los reparos que formuló sobre la delegación que le había confiado el interventor Gondra, “no me considero en ejercicio de la autoridad ejecutiva de esta provincia”. Y como el telegrama sobre el duelo oficial decretado, “entraña una ratificación de las actitudes de ese Departamento, desde que se dirigía en forma impersonal al ‘comisionado nacional’, espero se me indique por ese Ministerio a quién debo poner, en mi carácter de secretario de la intervención, (como) encargado de la cartera de Gobierno al frente de las funciones ejecutivas de éste. Mientras tanto, me abstendré de realizar todo acto que importe el desempeño de la delegación”.
En sus trece
Matienzo contestó (14 de noviembre) reproduciendo una nota que había enviado a Gondra. Le decía en ella que “este Ministerio no halla inconveniente en que cada uno de los secretarios de la intervención tome las providencias de trámite que sean necesarias para el despacho de los asuntos que les corresponda, de acuerdo con las instrucciones dadas al comisionado nacional, a quien corresponde la resolución definitiva”.
Sucedía que la ausencia de Gondra y el hecho de que el ministro González Iramain se consideraba desautorizado para ejercer la misión como interino, habían creado una suerte de “vacío de poder” en Tucumán, con los consiguientes problemas. El más serio era que había vencido una letra por 30.000 pesos (firmada por el ex gobernador Vera): no se la pagaba por falta de fondos y no había autoridad que firmara el pedido de renovación.
Letras renovadas
Los periodistas entrevistaron entonces al ministro Matienzo (15 de noviembre). Este dijo que, aunque el interventor hubiera estado presente en Tucumán, “no habría podido firmar la renovación de ese documento, porque sus instrucciones le prohíben contraer obligaciones en nombre del fisco provincial”. En cuanto lo de la bandera, le restó importancia, dado que, dijo, “si la orden emanaba del Gobierno Nacional, no estaba sujeta a la fiscalización del interventor y era un acto mecánico que podía ser cumplido por cualquier empleado”
El 18 de noviembre, el interventor Gondra regresó a Tucumán. Reasumió sus funciones y encaró resueltamente el tema de las letras. Luego, informó por telegrama a Matienzo que “la intervención había renovado varias letras vencidas, a causa de falta de fondos para cubrir su importe, y que seguiría ese procedimiento”.
La actitud del interventor Gondra desafiaba, de modo frontal, el marco que Matienzo ponía a sus facultades, y llevaba el conflicto hasta los límites. El 22, el ministro se reunió con el presidente Alvear para plantearle la disyuntiva de hierro: si no desautorizaba a Gondra, dejaría la cartera.
Matienzo renuncia
El presidente optó por sostener al interventor, y el 23 el doctor José Nicolás Matienzo renunciaba al Ministerio del Interior. En el largo documento de su dimisión, recordaba que, ni bien asumió, tuvo que dar instrucciones al interventor de San Juan, precisándole que una intervención “es un remedio político extraordinario, que no autoriza a ejercer la administración local, sino en la medida estrictamente indispensable para garantir instituciones republicanas”.
Ahora, el caso de Tucumán, decía, “no es más que un episodio, que yo no puedo resolver del modo que estimo más conveniente al país y al gobierno, porque no cuento para ello con la conformidad de V.E, cuya opinión respeto, pero no puedo seguir en este caso, sin contrariar mis más profundas convicciones”.
Detallaba que, en su concepto, los interventores “ejercen una función federal, no son representantes legales de las provincias y no están sujetos a las responsabilidades que las leyes locales establecen respecto a los funcionarios provinciales, sino a las que les imponga el poder nacional, en cuyo nombre funcionan, como lo ha dicho la Corte Suprema”.
Firme postura
Y, “cualquiera que fuese la extensión de las facultades que el presidente acordase el interventor”, ellas serían “siempre ejercidas en nombre y por la autoridad del gobierno federal y no en nombre de la provincia”
En esa doctrina, el interventor en Tucumán “no puede confirmar a nombre de la provincia los contratos celebrados y la obligaciones contraídas por el gobernador, señor Vera”. Esa confirmación “sólo tienen derecho a hacer los nuevos poderes públicos que la provincia elija“. Esto, “si no se prefiere anular, por la violación de las leyes, los actos que el comisionado federal intenta legitimar contra las instrucciones recibidas”. Agregaba que “por respetables que sean los intereses de los presuntos acreedores del gobierno tucumano, no lo son más que las instituciones de la Nación, ni que los de los demás acreedores del país”. Así, devolvía la cartera del Interior, “a fin de que V.E. pueda pasarla a manos más hábiles o más afortunadas”.
La renuncia de Matienzo fue aceptada el 24 de noviembre, y el 27 Alvear nombró otro ministro, también tucumano: el doctor Vicente C. Gallo. El interventor Gondra ofreció su renuncia, pero Alvear lo confirmó en el cargo. Quedó así cerrado el singular incidente.