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Sanción a jefes de la Guardia Nacional.
En un decreto del 9 de enero de 1879, el gobernador de Tucumán, Domingo Martínez Muñecas, destituyó a Nicasio Cainzo, Rosa Verasaluce, Manuel Díaz y Fermín Ibazeta, todos comandantes de la Guardia Nacional, por haber intervenido en política.
Expresaba el decreto que ellos habían citado a sus subordinados para afiliarlos a “un partido político”. Para el Gobierno, era “un acto incalificable, por estar fuera de toda regla”, y debía “ser castigado para salvar los principios y mantener la moralidad administrativa”.
Recordaba, en los considerandos, que el P.E. había manifestado públicamente “que no tomaría parte en elecciones, porque su acción es meramente ejecutiva de las leyes”, teniendo en vista que “la libertad del sufragio es la base del gobierno representativo, libertad que se debe garantir para evitar que se desnaturalicen los principios fundamentales de nuestro sistema político”.
Y para que tal promesa “no se vea contrariada por los hechos, las autoridades subalternas deben ser prescindentes”, a fin de que “la influencia de su cargo no retraiga al ciudadano del ejercicio de su derecho de elección”. Esto, afirmaba, debía ser especialmente observado en la Guardia Nacional, “por las relaciones de mando y obediencia”.
Para reemplazar a los separados, nombraba comandantes a los ciudadanos Zenón J. Santillán, doctor José Mariano Astigueta, Rodulfo Ovejero y Caupolicán Navarro, a quienes los ex jefes debían entregar “el archivo y demás pertenecientes a la comandancia”. Se citaba a todos los batallones a concurrir “al toque de llamada” a la plaza Independencia el día 19, “para que se practique el reconocimiento de los jefes nombrados”.