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El Congreso acordó eximirlos del empréstito
Luego de haber terminado la sesión secreta del 10 de octubre de 1816, el Congreso reanudó la pública. En ella, Pedro de Castro Barros expresó que debía tomarse alguna providencia, para que dejaran de “correr sin freno ciertas proposiciones avanzadas en materia religiosa”. Por ejemplo, hablar de “la tolerancia no solo civil, sino religiosa”, o “la venta y uso público de las obras de Voltaire, Raynal y otros incrédulos”, que atacaban la religión católica, jurada como del Estado. Su moción fue apoyada y el cuerpo se propuso tomar en adelante las medidas que el caso requiriera.
En la sesión del día siguiente, 11 de octubre, se leyó un oficio del gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz. Informaba que su teniente de gobernador en Catamarca le comunicaba “la casi insuperable dificultad” de cobrar el empréstito sobre los españoles europeos de aquella ciudad, “no solo en los 1.900 pesos aumentados a la cantidad de 9.500, sino también la de 1.384 que faltaban para completar la principal”. Considerada la materia, se acordó “eximir a dichos españoles tanto del recargo como del cargo”. Esto, porque “no estuvo ni estará en las intenciones del Soberano Congreso, apurar los últimos quilates hasta dejar en nulidad las familias, a pesar de los apuros en que constituyen al país las circunstancias”.
Se agregó, dice “El Redactor”, la consideración de que “al fin, esta es la parte del globo en que viven, y vive su descendencia”. Lo que debiera estimularlos a deponer “adhesiones perjudiciales a este preferente objeto, y decidirse de una vez por una causa cuya justicia nunca pudo ocultárseles”.