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Facultades correctivas para Ambrosio Funes.
En la sesión del 17 de noviembre de 1816, del Soberano Congreso, el diputado Pedro Carrasco formuló cargos contra el comisionado encargado, en Salta, de recolectar fondos retenidos del Estado. Afirmó que un anciano emigrado de Cochabamba, el coronel Juan Carrillo y Albornoz, “vecino de crédito, reputación y fortuna”, era víctima de “extorsiones” de esa comisión, y hasta había sido puesto en la cárcel, no por haber retenido fondos oficiales, sino por materias ajenas a las facultades del comisionado.
Dijo que se obraba con parcialidad, de modo que algunos culpables quedaban impunes, como Manuel Ulloa, mientras que a otros, en cambio se los atropellaba. El Congreso acordó ordenar que el comisionado enviara los expedientes para proveer sobre ellos, suprimiendo todo procedimiento ulterior, y que pusiera en libertad de inmediato a Carrillo.
Luego se trató la moción de Pedro Francisco de Uriarte, de conferir el gobierno de Córdoba como titular a don Ambrosio Funes, interino hasta entonces. Se debatió el asunto y, finalmente, se votó otorgando a Funes la gobernación en propiedad, “por el interés supremo del Estado y de la provincia”, frase esta que la crónica de “El Redactor” insertaba en letra cursiva.
Funes, en su último oficio, había afirmado la existencia, en su jurisdicción, de gente que “excitaba continuamente discordias”, y a veces sin anuencia del rebelde Juan Pablo Bulnes. Entonces, propuso Esteban Gascón que se autorizara al gobernador a investigar el asunto y “castigar y corregir” a los díscolos “en juicio breve y sumario”, otorgándole al respecto plenitud de facultades. Esto, “para establecer y conservar el orden en aquella provincia”. Por lo avanzado de la hora, se difirió el voto para la siguiente sesión.