Gobernadores contra presidentes

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Parece de actualidad ensayar una superficial crónica de los momentos en que las relaciones entre el Gobierno de Tucumán y el Gobierno de la Nación adquirieron un carácter francamente tenso. Pensamos que, mirando el tema desde la Organización Nacional en adelante, hay dos casos que merecen narrarse. Ambos ocurrieron en el siglo que pasó, en las décadas de 1920 y de 1930, y en ambos tuvo rol fundamental el intento de gravar con un impuesto la molienda azucarera. Era la época en que la influencia de los industriales en la política resultaba invencible.

Impuesto y otras

Empezaba el año 1922 cuando, el 2 de febrero, el procurador Octaviano Vera asumió como gobernador de Tucumán. Su elección no había sido del agrado del presidente Hipólito Yrigoyen -ya en los últimos meses de su mandato- porque la propiciaban sus adversarios internos, los radicales “antipersonalistas”. Tenía Vera gran popularidad. Logró, además, ganar la elección de senador nacional y la de diputados nacionales y, en la Legislatura -entonces bicameral- tenía quórum propio en el Senado, aunque no en Diputados. El “antipersonalismo” de Vera encajaba perfectamente con el doctor Marcelo T. de Alvear, nuevo presidente de la Nación a partir de octubre de 1922.   

Sucedió que, de pronto, Vera empezó a propiciar leyes que inquietaron a los industriales tucumanos, varios de ellos eminentes “antipersonalistas”. En el proyecto de presupuesto de 1923 incluyó un impuesto a la molienda azucarera, además de las llamadas “leyes obreras”, que fijaban salario mínimo y jornada máxima de trabajo.

Torcido recurso

Vera logró la media sanción del Senado para este “paquete” y, como Diputados se hallaba en receso, los convocó a sesiones extraordinarias. Una vez reunidos, mantuvo un quórum -donde sus adictos eran mayoría- en base a la fuerza pública, que impedía a los representantes opositores salir del recinto. Esto al mismo tiempo que, en la calle, los restantes diputados opositores eran detenidos por la policía, durante algunas horas, para que no pudieran concurrir a la sesión y alterar la mayoría oficialista. Logró, con tan torcido recurso, la aprobación del presupuesto, con el impuesto a la molienda y las “leyes obreras”, entre otras, aparte de la que disponía la clausura de las sesiones extraordinarias.

Los diputados opositores reaccionaron reuniéndose en casas particulares y expulsando del cuerpo a los “veristas”, además de enviar un comisionado a Buenos Aires para que requiriera la intervención federal, proyecto que ingresó al Congreso el último día de enero de 1923.

Vera convocó luego a sesiones extraordinarias del Senado -donde sí tenía mayoría- e hizo aprobar las leyes tan mañosamente conseguidas en Diputados. Las promulgó de inmediato.

Dos advertencias

Pero esta última Cámara contraatacó declarando nulas todas las operaciones de crédito que el Ejecutivo realizase en base al presupuesto sancionado. Vera, entonces, resolvió pasar los antecedentes al fiscal, para que los acusara de “sedición”.

El gobernador publicaría después una desusadamente franca carta de advertencia que, por esa época, le envió el senador nacional Vicente C. Gallo -futuro ministro del Interior de Alvear- con la autoridad que le daba el haber apoyado su candidatura en 1922.

“Crear nuevos impuestos y aumentar los existentes sobre la industria y sus fuentes productoras, y a la vez fijar salario mínimo y jornada máxima de trabajo, es, en mi concepto, colocar la situación en la pendiente de una honda crisis económica y de una agitación social peligrosa”, decía Gallo sin eufemismos.

De paso, le informaba que en una reciente conversación con el presidente Alvear, éste le había encargado transmitir a Vera su anhelo de que el gobierno de Tucumán “se desenvuelva tranquilamente, dentro de formas institucionales regulares y respetuosas de los grandes intereses vinculados a su existencia”. Vera no tomó el debido peso a tan elocuentes avisos.

La intervención

En julio de 1923, el “verismo” volvía la espalda al gobernador, e iniciaba gestiones con los liberales para actuar en contra de Vera. Lo acusaban, entre otras cosas, de un irresponsable manejo del presupuesto. A la defección de su antes sólido partido, Vera respondió violentamente. Hizo desalojar y cerró (2 de octubre) la Legislatura, considerando las Cámaras viciadas en su composición, aparte de tacharlas de inhabilitadas para juzgar al Gobierno, dada su manifiesta hostilidad. Sostenía, además, que la falta de un procedimiento constitucionalmente establecido para el juicio político le quitaba toda garantía de defensa, en caso de someterse a él.

El Senado pidió entonces la intervención federal, que ya se estaba tratando en el Congreso. Luego de una singular polémica telegráfica entre Vera y el ministro del Interior, el 27 de octubre se promulgó la ley 11.261 que intervenía la provincia de Tucumán. El gobernador Vera fue reemplazado, el 6 de noviembre, por el comisionado Luis Roque Gondra.

Impuesto, otra vez

Pasaron unos cuantos años. A la presidencia Alvear sucedieron la segunda de Hipólito Yrigoyen, la de José Félix Uriburu (golpe militar mediante) y la de Agustín P. Justo. En Tucumán, el 18 de febrero de 1932 asumió la gobernación de la provincia Juan Luis Nougués, líder de un nuevo partido de creciente popularidad, la Defensa Provincial Bandera Blanca.

Su gobierno, sacudido de entrada por las huelgas, quiso enfrentar la dramática situación financiera de la provincia (donde tenía meses de sueldos impagos) apelando al recurso de un impuesto sobre la molienda. Esto le desencadenaría -como ocurrió a Vera- una cerrada ofensiva de los conservadores del Partido Demócrata Nacional, cuyos legisladores del Congreso presentaron, en mayo de 1933, el proyecto de intervención federal.

Además, Nougués se mostraba rebelde ante el gobierno nacional. Condenó la Ley de Unificación de Impuestos y se negó a adherir la Provincia a la Ley Nacional de Vialidad, porque las entendía violatorias del federalismo.

Ataque a Justo

El presidente Justo le pidió, telegráficamente, que derogase el impuesto a la molienda; y hasta se comprometió decididamente en un proyecto de convenio con industriales, que Nougués rechazó. Pero no podía cobrar el tributo, enredado en conflictos judiciales que hasta llegaron a la Suprema Corte Justicia de la Nación.

En abril de 1934, Nougués abrió las sesiones de la Legislatura con un desafiante mensaje, donde atacaba de modo frontal al presidente Justo. “El federalismo -decía- se encuentra seriamente amenazado por continuos avance del poder central, que si vacila en tomar medidas que lo anulen del todo -empeñado en mantener en lo ficticio un sistema casi abolido en la realidad- no cesa de hacer notar su extraña gravitación sobre las autonomías provinciales, inmiscuyéndose hasta en pequeños detalles administrativos, y esforzándose por provocar situaciones contrapuestas a las establecidas en leyes sancionada y promulgadas por poderes que han obrado en ejercicio de atribuciones constitucionales, que resultan así suprimidas en el hecho”.

Final estrepitoso

El 25 de abril de 1934, “comprando y pagando muy baratos”, afirma José Luis Torres, a dos legisladores de la Bandera Blanca, se consiguió la mayoría necesaria para iniciar el juicio político a Juan Luis Nougués. El trámite terminaría en un célebre escándalo. El 23 de mayo, cuando Diputados, por 21 votos contra 1 resolvía suspender al gobernador, policías a caballo irrumpieron en el recinto y desalojaran a azotes a los representantes del pueblo, mientras, a la salida, los bomberos dirigían contra ellos el chorro de sus mangueras. Un indescriptible espectáculo de corridas entre bancas y escritorios destrozados.

Lógicamente, este acto fue el definitivo. Dos días más tarde, el presidente enviaba al Congreso la documentación del caso Tucumán. La Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo la ley de intervención a la provincia, que el Senado sancionó el 2 de junio. Justo la promulgó, con el número 11.836, el 5 de junio de 1934. Cuatro días más tarde, Nougués era sustituído por el interventor federal, general retirado Ricardo Solá.