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Existió hasta comienzos del siglo pasado.
El 19 de mayo de 1854, el gobernador de Tucumán, José María del Campo, dispuso que el servicio activo en la Guardia Nacional comprendía a todos los ciudadanos de la provincia, de entre 16 y 50 años. Se iniciaba así la vida de una institución que existiría hasta comienzos del siglo que pasó en todos los estados argentinos.
La Guardia Nacional se organizaba como “una garantía permanente del orden legal y un principio conservador de la libertad civil”, partiendo de la base de que “todo ciudadano es guardia nacional y todo guardia nacional es elector y elegible”. Era una suerte de servicio militar obligatorio, donde los conscriptos, si bien eran convocados periódicamente a instrucción (los “ejercicios doctrinales”), seguían residiendo en su casa.
Debían tener uniforme, cuya confección cada uno costeaba de su peculio. Hasta los 50 años se integraba la Guardia Nacional Activa y, desde esa edad en adelante, la Pasiva. Sólo podían exceptuarse del alistamiento los miembros de los poderes del Estado, los empleados públicos, los médicos, los abogados, los boticarios y los jefes y oficiales retirados del ejército de línea.
Tres años después, en 1857, una ley nacional obligó a todos los ciudadanos de la República a integrar la Guardia en sus respectivas provincias. La Guardia Nacional de Tucumán fue movilizada en varias ocasiones, desde 1854 en adelante, con motivo de las agitaciones posteriores a la Organización Nacional; cuando la Guerra del Paraguay y, a fines del siglo, con ocasión de la posible guerra con Chile. Empezó a perder sentido con la organización del Ejército moderno, la profesionalidad de los oficiales y el servicio militar obligatorio. Hasta que la ley nacional 12.913 la suprimió definitivamente.