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El 2 de noviembre de 1816 se reunió en sesión pública el Congreso de las Provincias Unidas. Pasó a leerse el pliego de don Juan Antonio Fernández, unos de los comisionados para recoger los fondos oficiales que alguien hubiera podido ocultar. Esto trajo al tapete la necesidad de deslindar previamente las atribuciones de tales funcionarios.
Se juzgó que, al parecer y yendo más allá de las atribuciones que tenían, ellos “llamaban a juicio de cuentas y residencia a varias personas que habían ejercido administración pública, avocando sus procesos e ingiriéndose en indagar y conocer de su administración”. Con este motivo, algunos diputados opinaron que se suspendieran las actividades de esa comisión, y que se le pidiera rendir cuentas de lo obrado. Pero hubo quienes se opusieron a dicho criterio, “considerando que, sin una constancia de los datos que se alegaban”, había el riesgo de proceder “con perjuicio de los fines que se tuvieron presentes para el nombramiento de dicha comisión”. El asunto quedó pendiente, hasta tener nuevos informes.
Correspondía renovar la mesa directiva del Soberano Congreso. Lugo de la votación correspondiente, quedó elegido presidente el doctor Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires, y como vicepresidente, el doctor Andrés Pacheco de Melo, diputado por Chichas. Ambos tomaron inmediatamente posesión de sus cargos.
Se leyeron luego pliegos del gobernador de Córdoba, detallando los riesgos de la ciudad “por la declarada insurrección de Juan Pablo Bulnes contra el Congreso, Supremo Director y autoridad del Gobierno de aquella provincia”. Luego, se despejó la barra para la sesión secreta de la que dimos noticia ayer.