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Gestiones para recuperar fondos del Estado.
No sesionó el Soberano Congreso el 4 de agosto de 1816. Pero el día antes, luego de la reunión pública, se desarrolló una secreta. Se planteó el problema de si se debían transcribir, o no, algunos oficios sobre el ejército, en las comunicaciones al gobernador de Salta, Martín Güemes. El secretario José Mariano Serrano era partidario de las transcripciones. Dijo que, aunque estaban vivos los recelos sobre Güemes, este iba “prestando al Estado servicios importantes”, en momentos en que “carecíamos enteramente de fuerza”. Le parecía que, “con expresiones que nada cuestan”, se obtenía su obediencia.
Tras la discusión, se acordó omitir las transcripciones, pero con el agregado “de que se recomienden los servicios de dicho jefe”. Luego, José A. Pacheco de Melo dijo que “gran número de individuos” habían manejado intereses del Estado en el interior; como los empleados de la Casa de Moneda y los depositarios de bienes embargados a los emigrados del enemigo. Dijo que, de ese modo, “tenían usurpadas crecidas sumas”, en este momento de “tanta necesidad de numerarío para el sostén de los ejércitos y otras atenciones”. Propuso una comisión que averigüase tales temas, establezca lo que se adeude o haya retenido, y procure recolectarlo.
Se designó entonces a Juan Antonio Fernández para desempeñar ese cargo, en la provincia de Charcas, y a Joaquín de la Quintana, en Potosí. Podían nombrar un fiscal y proceder con plenitud de facultades, “sin que pueda obstar fuero ni privilegio alguno aún avocando causas pendientes”. Se trataba de hacer “las más prolijas y exactas averiguaciones, por todos los medios que estén a su alcance, de la existencia de las rentas y caudales correspondientes al erario, que se hubiesen sustraído, no satisfecho o malbaratado”, decía “El Redactor”.