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Prestaron juramento de fidelidad en 1812
En los años iniciales de la Guerra de la Independencia, el gobierno patriota desconfiaba de los peninsulares (es decir, los nacidos en España) residentes en el territorio. En Tucumán, en 1812, el alférez del Cabildo, don Cayetano Aráoz, elevó al gobierno central un violento informe en contra de ellos, acusándolos de sospechosos. Los españoles replicaron que se trataba de una calumnia.
Expresaron que desde el primer momento habían prestado “sin resistencia su obedecimiento” a la Junta, y pedían que se llamase a dar testimonio de ello, “a cualquiera de los habitantes honrados de la ciudad”. Para que, bajo juramento, declarasen “si habían visto, en los denunciados, acción alguna que induzca ni aún a sospecha de desagrado al gobierno y sistema actual; ni menos acto alguno de rebelión o de colusión con quien la intentase”.
Firmaban expectables peninsulares, como Manuel Posse, Pedro Antonio de Zavalía, José Ignacio de Garmendia, Pelayo Arocena, Agustín de Gondra, por ejemplo. Ofrecieron prestar, en nota del 17 de agosto, “juramento de fidelidad” a la patria, “que defenderemos a todo trance con nuestras personas y haciendas, y que se nos impongan las penas que en su infracción merezcamos”.
Lo prestaron al día siguiente, “por Dios Nuestro Señor y esta señal de la Cruz”. Prometieron “guardar fidelidad a la patria y gobierno, y que la defenderán con sus bienes y pensiones hasta derramar la última gota de sangre”. El acta expresa que “habiendo dicho todos que sí, con el mayor regocijo, del que quedó lleno de complacencia el magistrado”, firmaron el acta.