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Heredia pedía que se autorizase la fuerza
En la sesión del 7 de mayo de 1816, el Congreso de las Provincias Unidas leyó las comunicaciones que, desde La Rioja, le enviaba el teniente coronel Alejandro Heredia. Este había sido comisionado a dicha provincia, con motivo del derrocamiento del gobernador, Manuel Brizuela y Doria.
El comisionado informaba que no había podido cumplir el encargo, porque el pueblo riojano “demostraba una resistencia obstinada y una resolución firme de sostenerse”. Pedía, en consecuencia, que se lo autorizara a utilizar la fuerza, proveyéndolo al efecto con “150 hombres de fusil”.
Asimismo, se leyó una comunicación de Brizuela y Doria. Narraba al Congreso “el modo tumultuario con que había sido depuesto del mando por algunos facciosos”. Expresaba que él y “otros vecinos honrados” habían sido puestos en prisión, y que hasta se había creado “un tribunal compuesto de rivales suyos, para sentenciarlos definitivamente”.
El Congreso entró a debatir la cuestión. La opinión general era que se trataba de un asunto grave, donde se había desconocido la autoridad del comisionado enviado por el Congreso, lo que hacía necesario “el más ejemplar y severo castigo”. Se puso a consideración la moción de que si el Congreso “decretaría o no el auxilio de una fuerza armada e imponente, para sostener sus soberanas resoluciones”.
El cuerpo votó afirmativamente. Se acordó entonces ordenar al Director Supremo que “pusiera en ejecución esta medida, calculando el número de tropas que conceptuase necesarias, y haciendo al comisionado las prevenciones que creyese oportunas para el mejor cumplimiento de las instrucciones que le habían sido dadas por el Congreso”, expresaba “El Redactor”.