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La Universidad no quería seguir graduando.
En sus primeros tiempos, la Universidad de Tucumán (todavía provincial), expedía títulos de procurador. Pero en 1915, la casa de estudios solicitó al Gobierno que, en lo sucesivo, no fuera ella la que otorgara esos títulos, previo el respectivo examen, como hasta entonces ocurría. En su edición del 13 de mayo, LA GACETA consideraba que la disposición universitaria constituía “una resolución feliz”.
Esto porque “principiaba a formarse mala atmósfera alrededor de aquel incipiente instituto de enseñanza, debido, precisamente, al considerable número de procuradores que de él habían salido ya, lo que constituye una amenaza de nuevas y más temibles hornadas en el porvenir”. Los aspirantes al título se presentaban “con toda la suficiencia que la ley exige, y forzosamente debían resultar aprobados en su examen: pero la Universidad estaba degenerando visiblemente de su concepción fundamental”.
Inquiría, dentro del tema: “¿No sería llegado el caso de pensar seriamente en declarar libre el ejercicio de la procuración, tal como ocurre en la Capital Federal y otras provincias, y en varios de los países limítrofes? Sometemos este pensamiento a la consideración del Ejecutivo y de la Cámara legislativa”. Afirmaba el artículo que “la cualidad principal de un procurador debe ser su honestidad. Hacer de él un leguleyo, con más códigos en la cabeza que el más avezado jurista, es corromper sencillamente la profesión, y fomentar el avenegrismo”. Aclaraba que la reforma insinuada no causaría perjuicio alguno “a los buenos procuradores que hoy actúan en los Tribunales de la Provincia”. Y, “en cambio, se asignaría a esa profesión su carácter legítimo”.