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Disposición del gobernador Gutiérrez.
Un principio jurídico famoso es el de que las leyes se suponen conocidas por todos. Al parecer, en el interior de Tucumán, en 1848, esto tenía una vigencia muy relativa. Por eso el gobernador, general Celedonio Gutiérrez, expidió el 22 de marzo un tonante decreto.
Mandaba que los comandantes de departamento y los jueces de distrito, “llevarán cada uno un libro o cuaderno en que copiarán todas las leyes, decretos, órdenes circulares o instrucciones, que el Gobierno remita en adelante a la campaña para su cumplimiento”. Los receptores de rentas tendrían el mismo libro, para transcribir los documentos que les remitiera la Tesorería General.
Resolvía que cada receptor, al dejar su destino, “entregará al empleado entrante, juntamente con los demás papeles que tuviese a su cargo, el libro de que trata este decreto; en la inteligencia de que el que así no lo hiciere, será obligado a escribir nuevamente el libro, para transmitirlo a quien debe”. Esto además de ser pasible de “otra pena arbitraria que le será aplicada por su omisión”.
Constituía obligación de todo nuevo empleado en la campaña, “al recibirse del cargo, leer el libro que le hubiese entregado su antecesor, para poder así llenar sus deberes”.
En los considerandos, Gutiérrez destacaba el “descuido” en las autoridades de la campaña, sobre la conservación de las disposiciones despachadas desde la capital. Y que “aún cuando algunos funcionarios hubiesen puesto cuidado en la conservación de estos documentos, era fácil su extravío, desde que existían en papeles sueltos y tenían que pasar de mano en mano al renovarse periódicamente los empleados”.