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Moción de monarquía en cabeza de los incas
El 12 de julio de 1816, vista y aprobada el acta de la Declaración de la Independencia, el presidente Francisco Narciso de Laprida propuso que se elaborase “el sello propio y peculiar del Soberano Congreso”. Teodoro Sánchez de Bustamante apuntó que “convendría esperar que se adoptase la forma de gobierno a la que debían ser alusivas las armas y timbres que adornarían el sello”.
Manuel Antonio Acevedo dijo que, por ese motivo y por la necesidad de tratar “el más interesante punto” de las deliberaciones, “que se empezase a discutir la forma de gobierno que debía adoptarse”. Por su parte, era partidario de una “monarquía temperada en la dinastía de los Incas” y opinaba que la sede del gobierno debía ser la misma ciudad del Cusco. La cuestión quedó para ser debatida posteriormente por los diputados.
Se leyó un oficio del Director Supremo, Juan Martín de Pueyrredón, informando que iba a marchar a Buenos Aires, con “el sentimiento de hallarse sin un reglamento que nivelase su conducta”. Se acordó contestarle que, entretanto, se rigiera por el Estatuto vigente “aun no revocado”, hasta que se le remitiera el nuevo.
Se resolvió pasar un oficio al Director, sobre “la indemnización que debía hacerse al Estado a costa de los insurrectos de La Rioja; de los gastos causados en la tropa que se remitió para sofocar su insurrección, y en el recojo de libros, papeles, armas, municiones y reclutas, al mando de Caparrós, que se llevaron en su fuga para Córdoba”. En la crónica, “El Redactor” se preguntaba si iría a quedar impune el mal que esos rebeldes causaron al Estado, obligándolo hasta a desprender una tropa para reprimirlos.