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La noticia llegó dos semanas después, y la adhesión a la Primera Junta se dispuso recién el 26 de junio de 1810.
El 25 de mayo de 1810, vecinos de Buenos Aires derrocaron al último virrey del Río de la Plata, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Como se sabe, los anhelos autonómicos de los patriotas se enmascaraban con el pretexto de que la caída del monarca en España dejaba sin sustento al virrey que lo representaba. Lo reemplazaron por una Junta Provisional Gubernativa (la “Primera Junta”), y enviaron comunicaciones a todo el interior de la extensa jurisdicción, pidiéndoles que adhirieran a la decisión con el envío de un diputado.
Había quedado así desbaratada la maniobra de los partidarios de Cisneros quienes, el 23, habían urdido que este dejara el cargo, pero que fuera presidente de la Junta a formarse. La tal Junta no alcanzó a durar dos días. El pueblo rechazó la estratagema y el 25 impuso otros miembros para el organismo, quedando el virrey depuesto y sin autoridad alguna.
“Pueblo alborotado”
En esos momentos estaba en Buenos Aires, a causa de sus vastos negocios, el hacendado tucumano José Manuel Silva. Le tocó ser testigo de los sucesos y, el 26, envió una carta a Tucumán, a su amigo José Gregorio Aráoz. Le decía que pensaba cargar sus carretas y partir de regreso, “esto si no hay alguna novedad, por estar este pueblo tan alborotado”.
Narraba que “el 23 hizo dimisión del mando el Señor Virrey en el Cabildo; el 24 hizo el Cabildo, en nombre del pueblo, una Junta que se componía de: presidente de ella el Señor Virrey, vocales el doctor Solá, Saavedra, el doctor Castelli, Anchorregui, Leiva, fiscal Moreno y Paso secretario con tratamiento de Excelencia”. Así, “se echó bando, se repicaron en todas las iglesias, se iluminó el pueblo para que se reconociesen a estos sujetos”.
“Esta jarana”
Pero “al otro día 25, que fue ayer, otro alboroto: que no estaba conforme al pueblo con esta Junta, renunciaron todos estos señores de su empleo, y se ha formado nueva Junta, compuesta del comandante Saavedra presidente y comandante general, los vocales el doctor Moreno, don Juan Larrea, el cura de San Nicolás, el mismo Castelli, Leiva, Domingo Matheu, y otros más que por todos son diez; hoy se ha echado el bando para que se reconozcan, y mañana puede que sean otros”.
Silva estaba harto del asunto. Decía que sólo esperaba “mandarme mudar, por lo que veo esto no está nada bueno, pero no sé cómo sacar mi licencia, porque no sé hasta ahora quién nos gobierna”. En una posdata, se quejaba de la poca diligencia de Méndez, quien no le había enviado una nota prometida para otras compras. Terminaba: “Hasta ahora no la he recibido; bastante me ha perjudicado, que si no es él, no me encuentro en esta jarana”.
Llega la noticia
Esta carta -que por primera vez publicó en facsímil y comentada el profesor Juan Fernando de Lázaro– muestra algo muy frecuente: los testigos de los sucesos importantes no suelen darse cuenta de la trascendencia que tienen.
Consumado el relevo del virrey, la Junta se apresuró a informar de la novedad a todas las ciudades de la extensa jurisdicción, y pedirles que enviaran al diputado que las representaría en Buenos Aires. En el caso de San Miguel de Tucumán, esta ciudad dependía, administrativamente, de la Intendencia de Salta del Tucumán. Su cabecera era Salta y allí residía el gobernador intendente, don Nicolás Severo de Isasmendi.
La noticia de los sucesos de Buenos Aires debe haber llegado a Tucumán el 10 ó el 11 de junio, a más tardar. Ese día 11 se convocó con urgencia a una reunión en el Cabildo. A ella asistieron, sintetiza Ricardo Jaimes Freyre, no sólo los capitulares, sino también “los vecinos más notables, los funcionarios públicos, los padres guardianes de los tres conventos, y todos los individuos que, en el lenguaje de la época, estaban comprendidos en la denominación de ‘parte principal y más sana del vecindario’”.
Cauta resolución
Ante ellos se leyó el oficio que informaba la deposición del virrey y la asunción de la Junta, y solicitaba que Tucumán rindiera “el debido obedecimiento” a ella, nombrando el correspondiente diputado para integrarla.
Cautelosamente, los congregados resolvieron seguir la vía jerárquica. Así, acordaron que “sin que se entienda mayor la obediencia, por ahora, a la referida Junta”, como “esta ciudad es subalterna”, debía darse cuenta de todo al gobernador intendente Isasmendi, para que este “advierta y prevenga lo que en tan críticas y apuradas circunstancias debe hacer esta ciudad”.
Pasaron entonces dos semanas que, según puede suponerse, estuvieron cargadas de rumores y de presentimientos. Por fin, llegó el oficio del gobernador Isasmendi. El 26 de junio, el Cabildo y demás personajes se reunieron para analizarlo. Isasmendi manifestaba que, en Salta, el “cabildo abierto” había resuelto “prestar obediencia a las nuevas determinaciones adoptadas en dicha ciudad de Buenos Aires”, y que a ella “se enviará cuanto antes el diputado que a pluralidad de votos se eligiera”. No dudaba Isasmendi que el Cabildo de Tucumán, “con cuerda reflexión, seguirá las sanas máximas de esta capital”.
Laguna opina
En ese momento pidió la palabra uno de los abogados presentes, el doctor Nicolás Laguna. Propuso que no se resolviera nada sobre el sistema de gobierno, “hasta que la ciudad, villas y lugares de esta jurisdicción se reúnan física, moral y legalmente, es decir, todas las clases que componen esta ciudad y su jurisdicción; y que entonces expresaría su voto sobre el asunto principal”, según dice el acta.
Entretanto, proponía, que “no se mire a la capital de Buenos Aires con ánimo hostil, sino que continúe con la misma familiaridad e interés fraternal como se hacía antes del suceso”. Se concurriría “con nuestras personas e intereses al auxilio de dicha ciudad de Buenos Aires, cuando se viera combatida de alguna potencia extranjera”. Pero “sin que por esto se entienda prestarle obediencia, sino solamente concordia con honor y sin bajeza”.
Los reunidos no entraron a considerar las expresiones de Laguna. Se limitaron a resolver que “se conformaban con lo resuelto por el Señor Gobernador”. El historiador Manuel Lizondo Borda subrayaba como importante la moción del abogado, “porque anuncia ya una convicción democrática y un concepto federal de gobierno”.
Revelación de 1816
Hace notar Jaimes Freyre que, según otra versión expuesta años después las cosas no fueron tan sencillas. En efecto, en 1816, don Salvador Alberdi expuso ante el Congreso que declaró la Independencia que él había apoyado sin reservas la causa revolucionaria en 1810.
Es más. Afirmaba que su postura “contribuyó con el mayor acierto y felicidad a la unión de este pueblo con la Capital, en el cabildo abierto que se hizo al efecto, votando (después que dieron el suyo más de la mitad, que no gustaban semejante unión) por ella, haciendo ver, al mismo tiempo, que la situación deplorable de la península y el riesgo de que este continente fuese presa de alguna nación extraña demandaban imperiosamente la unión de esta ciudad con la capital y hacer causa común”.
Su criterio, aseguraba, “se siguió por el resto de los votantes y, revocando la que habían prestado los anteriores, abrazaron ésta y sufragaron con todos los demás, de manera que no hubo votación más completamente decidida que la de Tucumán”.
Molina, diputado
Ese mismo 26 de junio, el Cabildo envió un oficio a Isasmendi y simultáneamente otro a la Junta, donde informaba el “debido obedecimiento” y prometía la designación de un diputado para que concurriera a Buenos Aires. El 27 se eligió para el cargo al doctor Manuel Felipe Molina.
Las instrucciones dadas a Molina lo habilitaban para que, representando “los legítimos derechos de esta ciudad y sus vecinos y habitantes en común”, partiera a Buenos Aires, para integrar allí el “Congreso General” donde se establecería “la forma de gobierno que parezca más conveniente”, además de “fijar y consolidar la prosperidad general de estas provincias”. Esto entre otras consideraciones, que incluían la de “conservar estos estados en favor de nuestro legítimo soberano”.