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Dictado desde Tucumán por el Congreso.
Semanas después de declarada la Independencia, el presbítero tucumano José Ignacio Thames asumió la presidencia rotativa del Congreso de las Provincias Unidas, reunido en nuestra ciudad. El 1° de agosto de 1816, con las firmas de Thames y del secretario Juan José Paso, el cuerpo sancionó un enérgico decreto. Buscaba asegurar “reconocimiento, obediencia y respeto a la autoridad soberana de las provincias y pueblos representados en el Congreso y a sus determinaciones”.
Se dictaba en contra de “los que promovieren la insurrección, o atentaren contra esta autoridad y las demás constituidas o que se constituyeren en los pueblos”, a “los que de igual modo promovieren u obrasen la discordia de unos pueblos a otros”, y a “los que los auxiliaren o les dieren cooperación o favor”.
Todos ellos serían “reputados enemigos del Estado, perturbadores del orden y tranquilidad pública, y castigados con todo el rigor de las penas, hasta la de muerte y expatriación, conforme a la gravedad de su crimen y parte de acción o influjo que tomaren”.
Advertía que “no hay clase ni persona residente en el territorio del Estado, exenta de la observancia y comprensión de este decreto”, y que “ninguna causa podrá exculpar su infracción”. Pero dejaba “libre y expedito” el derecho “de petición, no clamorosa ni tumultuaria, a las autoridades y al Congreso, por medio de sus representantes”. La disposición se enviaba al Director Supremo “para su publicación en toda la comprensión de su mando”. Apareció impresa en “La Gazeta de Buenos Aires” del 31 de agosto.