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Las expediciones en el reglamento proyectado.
En la sesión del Soberano Congreso del 16 de noviembre de 1816, pliegos oficiales venidos de Córdoba congratularon al Congreso “por la derrota de los insurrectos de aquel pueblo”, que encabezaba Juan Pablo Bulnes. El diputado Pedro Francisco de Uriarte mocionó que se confiriese el gobierno de Córdoba, en propiedad, a don Ambrosio Funes.
Esto, decía, “en premio del recomendable mérito que había contraído y a fin de evitar que, publicado el Reglamento y en él el modo de elegir gobernadores, tal vez la intriga de los sectarios de Bulnes, declarados enemigos del orden, lograsen postergarlo, con notable perjuicio de la tranquilidad de aquel pueblo”. La moción fue apoyada, pero no llegó a votarse.
Continuó tratándose el articulado del Reglamento. Se estableció que, para que el Director Supremo pudiera mandar “expedición por agua o tierra” contra alguna de las provincias representadas en el Congreso, u otras del continente que sostienen la Independencia, o contra “los perturbadores del orden público residentes en las mismas”, será necesario “el preciso acuerdo del Soberano Congreso, a no ser que la naturaleza del caso y sus circunstancias exijan que obre pronta y ejecutivamente”. Pero luego debía dar cuenta inmediata al Congreso de sus medidas.
Luego, se revisaron los artículos referidos a las penas aplicables a los desertores. Tras el correspondiente debate, se resolvió, por 21 votos, que “abolido el artículo del Reglamento del 7 de mayo de 1814, que pone pena de muerte por primera deserción, sin que valga al desertor la excepción de no estar pagado, rija en adelante la ordenanza con las penas que establece en todos los casos de deserción”.